México tiene uno de los sistemas legislativos más caros del mundo, solo por debajo de Nigeria e Italia, revela uno de los estudios más recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Cuenta con 32 congresos locales integrado por mil 125 diputados que le cuesta al erario nada menos que 13 mil 66 millones 500 mil pesos al año. Y eso, sin contar el oneroso gasto que representan los 500 diputados y 128 senadores que conforman la legislatura federal.
Ahora que la triste realidad nos indica que nuestro peso cada día vale menos frente al dólar, que las tasas de interés bancarias van en aumento y que el gasto público será reducido, es el momento para hacer un ajuste, a la baja por supuesto, a la abultada dieta de los legisladores, tanto locales como federales.
Lo mismo debe ocurrir con los ministros de la corte, los consejeros electorales y los representantes de las comisiones de derechos humanos, que son los que se llevan la mayor parte del recurso federal en sueldos y prestaciones y que no se justifican en un país que está padeciendo los embates de la crisis económica mundial.
Es momento, reiteramos, de que si a las autoridades se les hace fácil restringir los programas sociales, que pegan directamente al estómago de la población, que primero nos pongan el ejemplo, eliminando lo superfluo e innecesario como son los diputados y senadores plurinominales, que nos han demostrado su inefectividad en casi todas las iniciativas que les han presentado como la famosa reforma educativa, que en este momento es el “talón de Aquiles” del gobierno federal, o el caso más reciente, la ley 3 de 3, que se está recomponiendo porque no tuvieron la capacidad de adecuarla para el fin que se persigue…
