El pasado miércoles se registró una acción policíaca a todas luces justificable.
Un grupo de transportistas adheridos a la CTM se plantó y bloqueó los accesos del edificio de la subsecretaría de transportes para exigir la destitución de un funcionario menor de esa dependencia.
Horas más tarde llegaron los granaderos con órdenes de desalojarlos y así lo hicieron.
El cabecilla de los manifestantes, Felipe Mimiaga Méndez, “lugarteniente” de la diputada María de Jesús Olvera Mejía, la misma que propició el cierre de la construcción de la presa Chicoasén II dejando a miles de obreros sin empleo, tuvo que salir “entre piernas” para no ser detenido.
El negro historial de este individuo y de su protectora, ameritan cárcel y desafuero, respectivamente.
Sin embargo, algo “raro” está pasando en las altas esferas políticas, se deja en libertad a los malandrines y se “premia” la corrupción.
