La Comisión Permanente respaldó al Gobierno de México y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la demanda presentada contra las empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico de armas de fuego hacia nuestro país.
En un dictamen, que fue aprobado en la sesión del pasado 24 de agosto, también se exhortó a Marcelo Ebrard a continuar recurriendo a foros internacionales, así como a los espacios bilaterales y multilaterales en los que México participa, para atajar desde su origen el tráfico ilícito de armas.
Es fundamental, apuntaron los legisladores, que se exponga la importancia de que las empresas son corresponsables en la solución del problema de la violencia que afecta a México.
Precisaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, la principal causa de los homicidios en nuestro país se debió por agresiones cometidas con armas de fuego.
El flujo de armas a México y su consiguiente uso ilícito, destacaron los legisladores, es el resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben con certeza, que serán suministradas al crimen organizado.
Además, el denominado “tort law” emprendido por el Gobierno de nuestro país, se indica en el documento, es un esfuerzo considerable dentro de los parámetros jurídicos existentes del Estado para detener el flujo ilícito y negligente de armas de fuego fabricadas por empresas estadounidenses hacia México.