Senadores, especialistas y representantes de asociaciones civiles analizaron las normas de derecho civil, familiar y procesal vigentes en México y en distintos países de la región, que afectan las garantías de igualdad y de protección de las mujeres.
Coincidieron en que las legislaciones deben modificarse para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que continúe la aplicación de normas que las violenten en algún aspecto de su vida.
Durante el foro “Derecho civil y familiar discriminatorio en América Latina: hacia un nuevo marco normativo orientado a prevenir la violencia contra las mujeres”, destacaron que es necesario avanzar hacia nuevos marcos jurídicos que permitan prevenir, atender, proteger y erradicar la violencia en contra de ese sector poblacional.
La senadora Olga Sánchez Cordero expuso que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se diseña en el Senado de la República, atenderá la justicia cotidiana y homologará los procesos como divorcios, intestados, actas de nacimiento, entre otros, en las 32 entidades federativas.
Es necesario, agregó, que el nuevo ordenamiento contenga perspectiva de derechos humanos, de género, que atienda las violencias en contra de las mujeres, “que propicie un proceso de consultas externas, y estamos conociendo la opinión de las y los juzgadores”.
Refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 66 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia emocional, físico, sexual o económico a lo largo de su vida, de esa cifra, 30 por ciento señaló que el responsable fue su pareja.
La presidenta de la Comisión de Justicia recordó que hace 55 años había leyes que establecían que la mujer no era la administradora de la sociedad conyugal, siempre era el hombre, eso implicaba que él cónyuge tenía la posibilidad de ejercer violencia económica en esta área.
Además, se concedía que el marido decidiera el domicilio conyugal, y la mujer tenía que aceptarlo, sólo podía rehusarse si era un lugar insalubre; dijo que esas normas generaban que se pudiera violentar la convivencia familiar.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota coincidió en que el próximo Código Nacional de Procedimientos Penales debe contemplar procesos simplificados, porque, dijo, es un tema fundamental; además consideró que también debe tener procesos que sean garantías de los derechos humanos de las mujeres.
