Las políticas de control migratorio de Estados Unidos están sufriendo un fuerte desgaste legal y financiero desde el Congreso, lo que obligará a disminuir el ritmo de las deportaciones, afirmó Irineo Mújica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, la fiscalización ejercida por los legisladores estadounidenses representa una advertencia directa hacia los mandos que han incurrido en procedimientos al margen de la ley.
La amenaza de investigaciones presupuestarias y de responsabilidad penal sobre las expulsiones injustificadas se perfila como un freno a los operativos masivos.
Mújica destacó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta un número creciente de demandas por violaciones a los derechos humanos y casos de negligencia médica dentro de los centros de detención.
En este contexto, la Cámara de Representantes y el Senado mantienen el control de los recursos financieros con los que se pagan los vuelos de repatriación y la infraestructura de contención.
“Las deportaciones van a disminuir porque muchas de las acciones que ejecutaban son ilegales”, aseveró el activista.
Agregó que mientras estrategas políticos como Stephen Miller buscan resguardo institucional en el poder Ejecutivo, los funcionarios al frente del aparato operativo quedan expuestos a sanciones directas si el Congreso decide congelar los fondos destinados a las deportaciones.
Al abordar el impacto en la política local, el líder de Pueblos Sin Fronteras cuestionó el rol de las autoridades mexicanas al convertir a estados como Chiapas y Oaxaca en la principal zona de detención de personas en tránsito, asumiendo en la práctica la condición de “tercer país seguro”.
“Lo que están haciendo en el sur es convertir a Chiapas en el muro de Trump. A los migrantes ya no los deportan en la frontera norte, sino en el centro y sur del país”, recriminó Mújica.
Por otra parte, previó que una eventual reducción de la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos liberará de presión a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al eliminar uno de los principales mecanismos de coerción económica sobre México.
Finalmente, Mújica subrayó que la estrategia de contención no logrará frenar la salida de personas mientras no se atiendan los problemas estructurales de la región.
Con el recrudecimiento de la pobreza y la falta de oportunidades en Centro y Sudamérica, la formación de caravanas continuará como un mecanismo indispensable de movilidad y supervivencia para miles de familias.
Notinúcleo / Pamela Hernández
