Los enfermos siguen esperando
Alberto Carbot
Piense por un momento en la persona que sale de una clínica del Seguro Social con una receta y termina recorriendo farmacias particulares para comprar el medicamento que no encontró en la institución. Para esa familia, el problema cuesta dinero, tiempo y puede agravar una enfermedad.
Ante esta situación, trabajadores del IMSS han salido a las calles para exigir mejores salarios y denunciar carencias que afectan también la atención de los pacientes.
Las manifestaciones comenzaron a extenderse la semana pasada y provocaron bloqueos en avenidas de la Ciudad de México, además de protestas en otras entidades. Para hoy martes 13 de octubre, está convocada una marcha del Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia Palacio Nacional.
El Instituto asegura que los hospitales y servicios esenciales continúan funcionando y pide mantener libres los accesos de urgencias. Los manifestantes, entretanto, reclaman que se escuche lo que sucede dentro de las clínicas y se atiendan sus demandas ante la dirigencia sindical.
Hay una diferencia salarial que merece explicarse con precisión. El IMSS informó que el aumento aprobado por el congreso sindical es de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. Entre los inconformes hay quienes demandan diez por ciento directo al sueldo. Mañana, miércoles 14, los trabajadores podrán votar la propuesta en una consulta acompañada por autoridades laborales. También cuestionan a la dirigencia sindical de Rafael Olivos Hernández.
Conviene también aclarar que antes de juzgar a quienes salen a protestar, conviene recordar lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19. En esa terrible etapa, médicos, enfermeras, camilleros y empleados de apoyo atendieron a miles de enfermos en hospitales sometidos a una presión extraordinaria. Muchos se contagiaron y algunos perdieron la vida. El propio IMSS informó que, hasta septiembre de 2020, más de 31 mil trabajadores en activo habían dado positivo y 268 habían fallecido.
Hay que recordar ese servicio cuando hoy denuncian equipos deficientes, escasez de personal e insumos que llegan tarde.Las deficiencias descritas por el personal deben verificarse hospital por hospital, porque una máquina fuera de servicio puede aplazar estudios; una plaza sin cubrir aumenta la carga de quienes atienden; un antibiótico ausente obliga a buscar alternativas que no siempre están disponibles.
El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció recorridos por 277 hospitales para escuchar las necesidades del personal. Lleva al frente del Instituto desde 2019, de manera que estos encuentros tendrán sentido si permiten precisar qué problemas habían sido reportados, cuáles siguen sin solución y cuándo se corregirán.
En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el abasto promedio de medicamentos superaba el 97 por ciento en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Es una cifra oficial que debe compararse con los registros de recetas surtidas y las que permanecen pendientes.
La diferencia entre un promedio nacional y la situación de cada hospital resulta decisiva para quien depende de un tratamiento continuo. Si falta precisamente su medicina, el derechohabiente necesita saber cuándo se la entregarán y a quién acudir mientras tanto. Las dificultades para abastecer medicamentos tienen una historia anterior a este gobierno y alcanzan distintas administraciones. Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo decisiones que modificaron reiteradamente los procedimientos de compra.
La experiencia reciente de Birmex obliga a revisar también los resultados del nuevo modelo. En abril de 2025, la autoridad anticorrupción declaró nula una licitación de medicamentos y material de curación. El pasado 10 de octubre se informó que una auditoría había señalado un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos en compras examinadas por los órganos de control, pero Birmex argumentó que no había ocasionado el quebranto mencionado.
Por otra parte, hay que decir que las protestas salariales deben realizarse sin interrumpir el paso de ambulancias ni impedir el acceso a las salas de urgencias. También debe atenderse la inconformidad del personal sobre las condiciones en que trabaja.
La consulta de mañana resolverá la propuesta económica según lo que decidan los trabajadores, mientras las autoridades seguirán obligadas a responder ante quienes necesitan atención médica, hayan participado o no en las movilizaciones.
Al gobierno le corresponde, en tanto, mostrar contratos, entregas, faltantes y responsables; a la dirigencia sindical, explicar lo que ha negociado y escuchar a sus representados.
Lo cierto es que los pacientes no tendrían por qué pagar con su salud las deficiencias administrativas, porque de poco sirve anunciar millones de piezas compradas si en el hospital falta precisamente el medicamento que un médico prescribió.
Durante años se prometió terminar con los negocios y la corrupción en la compra de medicinas. Y después de tantos cambios, los mexicanos tienen derecho a preguntar quién se benefició, qué se investigó y por qué siguen apareciendo recetas sin surtir.
Y aquí debemos ser perfectamente claros: exigir que las autoridades del Seguro Social atiendan responsablemente los justos reclamos de sus médicos, enfermeras y personal de apoyo, pero que también respondan a la exigencia de los derechohabientes y usuarios, sobre el desabasto criminal de medicamentos.
Porque los enfermos y sus familiares ya han escuchado demasiadas explicaciones sin sentido sobre el actual remedo de salud, supuestamente mejor que Dinamarca —dijeron—, que hoy padecen millones de mexicanos que creyeron en la palabra de un mesías desquiciado.
