En el marco del 26 Aniversario de que México ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que con el impulso del Gobernador Manuel Velasco Coello en Chiapas sigue avanzando la integración de los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, el responsable de la política interna detalló que como parte del compromiso del Gobierno del estado en esta materia, se ha fortalecido las acciones con la colaboración de 51 Ayuntamientos, quienes contribuyen en la defensa, promoción y vigilancia de los derechos de la infancia y adolescencia.
Gómez Aranda explicó que durante casi cuatro años de gestión, el Gobernador Manuel Velasco mantiene una estrecha colaboración con el Gobierno Federal y con agencias internacionales de Naciones Unidas, como la UNICEF, para impulsar acciones integrales como el programa 10 por la infancia, mediante el cual se suman esfuerzos en torno a derechos esenciales como: la vida, la supervivencia y al desarrollo, a la identidad y a la certeza jurídica, a vivir en familia, a no ser discriminados, a la salud y a la seguridad social, a la educación, al descanso y al esparcimiento, entre otros, que dignifican la existencia del sector mayoritario de la población y en el que radican nuestras posibilidades de futuro.
El funcionario estatal recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2014 establece la obligación de las entidades federativas de crear e instalar su propio Sistema de Protección, tarea en la que Chiapas ha avanzado significativamente con la promulgación de su propia Ley en 2015 y ahora, con el trabajo de los Ayuntamientos.
Por otra parte, informó que bajo el auspicio de UNICEF y la organización Gestión Social A.C., se lleva a cabo un programa de capacitación que se imparte a funcionarios del Gobierno del estado, del Poder Legislativo e integrantes de organizaciones sociales, sobre el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos, con el objetivo de que los participantes reflexionen sobre las implicaciones en la acción pública y gubernamental del nuevo marco legal de protección a la infancia.