Con fecha límite del 30 de mayo para personas morales y 29 de junio para personas físicas, al menos 16 millones de trabajadores deberán recibir el beneficio del reparto de utilidades de las empresas, pues en caso de incumplir con esta obligación podrían ser sancionadas de acuerdo a lo dictaminado en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 120, 123, 127 y 177, advirtió el especialista en finanzas René Cruz Montalvo.
Explicó que la entrega del reparto de utilidades está sujeta al artículo 13 fracción IX de la Constitución, por lo que de ninguna manera el patrón puede evitar esta responsabilidad, ya que puede ser considerado como un delito.
Incluso los trabajadores pueden inconformarse con lo recibido o en caso de que la empresa declare que no hubo ganancias, pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador a presentar una queja, para realizar las investigaciones necesarias y en caso de ameritarse sancionar a la empresa.
“O si lo prefieren pueden presentar un escrito también ante la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que intervenga y revise los números de la empresa para saber si efectivamente se trata de esa cantidad de utilidades o es mayor.”
En ese mismo contexto el especialista señaló que el reparto de utilidades corresponde al 10 por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa, además de que están exentas de este pago aquellas que son de nueva creación, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones sin fines de lucro, además de empresas con capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Por otra parte los trabajadores que no tienen derecho a recibir esta prestación son aquellos que se dedican a las actividades domésticas, empleados eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio, así como directores, administradores y gerentes generales.
Aún así Cruz Montalvo invitó a los trabajadores no conformes con esta prestación a levantar la voz y apoyarse de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o la Autoridad Federal del Trabajo, de acuerdo a la zona geográfica a la que pertenezcan, para el correcto ejercicio del reparto de utilidades en la empresa donde laboran.