Aunque en Chiapas se han registrado avances para incorporar el bienestar animal a la agenda pública, organizaciones y rescatistas consideran que todavía existen obstáculos para lograr una atención efectiva de los casos de maltrato.
Organizaciones civiles señalan que no basta con contar con leyes: también se requiere infraestructura, recursos y una aplicación clara de las sanciones para que las denuncias realmente tengan consecuencias.
Uno de los principales problemas ocurre después del rescate. De acuerdo con los activistas, las autoridades no cuentan con suficiente infraestructura para mantener a los animales que son retirados de situaciones de maltrato o que se encuentran en condición de calle.
Esto provoca que buena parte de la responsabilidad termine recayendo en asociaciones y refugios que operan con recursos propios y que, advierten, no tienen capacidad para atender todas las denuncias que reciben.
Otro desafío está relacionado con la definición y aplicación de la propia legislación. Los activistas consideran que establecer de manera demasiado amplia qué puede considerarse maltrato puede generar ambigüedad al momento de determinar qué conductas deben ser sancionadas.
Aunque reconocen avances en materia de concientización y políticas públicas, consideran que estos esfuerzos todavía no son suficientes frente a la cantidad de casos que continúan registrándose.
Por ello, plantean fortalecer dos áreas: educación desde las primeras etapas de formación y campañas públicas que informen claramente cuáles son las sanciones por maltrato animal.
El objetivo, señalan, es que la protección animal deje de depender únicamente del esfuerzo de rescatistas y organizaciones civiles y pueda contar con mayor capacidad institucional para prevenir, atender y sancionar el maltrato animal.
Notinúcleo / Víctor Pérez
