El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una reforma a la Ley de Migraciones mediante un decreto que permitirá expulsar a extranjeros que promuevan mensajes considerados de odio contra el país, sus símbolos o sus ciudadanos. La medida también contempla restricciones para el ingreso de personas que, según las autoridades, representen un riesgo para el orden público.
En el mismo contexto, Milei aseguró que existe una supuesta “operación antiargentina” impulsada desde el extranjero y señaló, sin presentar pruebas, a los gobiernos de México y Brasil, además del Partido Demócrata de Estados Unidos, como responsables de financiar campañas para desacreditar a su administración y sus políticas.
Las declaraciones del mandatario argentino intensificaron las tensiones diplomáticas con Brasil, cuyo gobierno respondió con críticas y medidas diplomáticas tras los señalamientos y los insultos dirigidos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Analistas consideran que este episodio agrava el deterioro de las relaciones entre ambos países, socios estratégicos en la región.
La decisión de endurecer la política migratoria y las acusaciones contra otros países han generado reacciones tanto dentro como fuera de Argentina. Mientras el gobierno sostiene que busca proteger la soberanía nacional y combatir campañas de desinformación, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la libertad de expresión y en las relaciones diplomáticas del país.
