A partir del 1 de enero de 2027, México prevé poner en operación un registro digital de inmuebles y terrenos que contará con una Clave Única Catastral para cada propiedad, como parte de las medidas contempladas en la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La iniciativa busca fortalecer la seguridad patrimonial y combatir el despojo de viviendas mediante la coordinación de los registros de propiedad y los catastros municipales.
De acuerdo con la nueva legislación, la Clave Única Catastral permitirá identificar los inmuebles y relacionar sus datos con el Folio Real del Registro Público de la Propiedad. Esta vinculación facilitará la detección de inconsistencias en la información sobre los bienes, lo que podría contribuir a identificar irregularidades y prevenir fraudes inmobiliarios. Sin embargo, la clave no será, por sí sola, una prueba definitiva de propiedad o posesión de un inmueble.
La ley también establece que las autoridades catastrales y registrales deberán intercambiar información mediante plataformas digitales interoperables, con el objetivo de mantener actualizados los datos de cada propiedad y corregir posibles discrepancias. Estos mecanismos deberán garantizar la protección de los datos personales, así como la integridad, seguridad y trazabilidad de la información. La implementación de las plataformas y la homologación de los trámites deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2026.
No obstante, la propuesta ha generado cuestionamientos por parte de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles riesgos para los propietarios durante la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados. El proyecto contempla la participación de autoridades federales, estatales y municipales, respetando sus respectivas competencias. Con estas disposiciones, se busca mejorar la certeza jurídica sobre los inmuebles y establecer mecanismos que dificulten la validación de documentos irregulares relacionados con el despojo de viviendas y terrenos.
