La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después de la manifestación por el acceso al agua potable, realizada el 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco.
El organismo ejerció su facultad de atracción para revisar los hechos, luego de que policías estatales utilizaran la fuerza para dispersar a los participantes que exigían soluciones a los problemas de contaminación del agua que llega a sus hogares.
Como parte de las primeras acciones, personal de la CNDH se reunió con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Jalisco para informar formalmente que asumirá el caso y solicitar información sobre la situación jurídica de las 39 personas detenidas durante las protestas.
Asimismo, estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que manifestó su disposición para entregar el expediente y las actuaciones realizadas hasta el momento, con el propósito de dar continuidad a las investigaciones.
El organismo nacional también comenzó a contactar directamente a las personas afectadas para recabar testimonios, recibir quejas y realizar certificaciones médico-legales que permitan determinar si hubo actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, investigará posibles irregularidades relacionadas con el acceso a una defensa jurídica adecuada. Las denuncias surgieron después de que varios detenidos señalaran haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante su arresto y traslado a las instalaciones de las autoridades.
La investigación ocurre en medio de las exigencias de organizaciones civiles y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió esclarecer los hechos y determinar quién ordenó el operativo policial.
