En México, 308 niñas y niños viven con sus madres dentro de centros penitenciarios, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estos menores permanecen en prisión debido a que sus madres están privadas de la libertad, una situación que representa grandes desafíos para su desarrollo y bienestar. Entre los centros con mayor cantidad de menores se encuentra Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, seguido de otros penales en Jalisco y Chiapas.
El informe de la CNDH también revela que existen deficiencias en la atención que reciben las mujeres y sus hijos dentro de las cárceles. En 66 de los 261 centros estatales supervisados se identificaron problemas relacionados con la falta de insumos pediátricos, alimentación adecuada e instalaciones apropiadas. Estas condiciones pueden afectar la calidad de vida de los menores, quienes necesitan espacios seguros, atención médica y cuidados especiales para crecer de manera saludable.
Ante esta situación, la CNDH señala la importancia de mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y garantizar los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos. Entre las medidas propuestas se encuentran brindar atención médica especializada, incluida la pediátrica, y evaluar la reubicación de las mujeres que se encuentran en centros mixtos hacia penales femeniles, tomando en cuenta su opinión y la de sus familias. El objetivo es ofrecer mejores condiciones de vida y evitar que las deficiencias institucionales afecten a la niñez.
Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los hijos de las mujeres privadas de la libertad pueden permanecer con ellas hasta los tres años de edad, bajo el principio del interés superior de la niñez. Asimismo, contempla el derecho a recibir atención médica durante el embarazo, el parto y el periodo posterior, además de garantizar el contacto familiar. Este tema demuestra la necesidad de fortalecer las políticas públicas para proteger a los menores y asegurar que, sin importar la situación legal de sus madres, puedan tener una infancia digna y contar con las condiciones necesarias para su desarrollo.
