Luego de casi dos horas de reunión entre la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el diálogo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) terminó con acuerdos, aunque con “puntos por afinar”.
Al término del encuentro, minutos después de las 13 horas, desde la explanada de la Cancillería los representantes legales del movimiento explicaron que encontraron “coincidencias” con el gobierno federal, sobre la posición que llevará a Washington el próximo sábado 21 de mayo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se acuerda, favorablemente, que es necesario el mecanismo especial de seguimiento. Otro acuerdo es que este mecanismo va a estar coordinado por relator para México, el señor James Cavallaro. Otro de los acuerdos es que va a poder realizar este mecanismo, visitas periódicas a nuestro país.
“Otro acuerdo importante es que va a dar seguimiento, él (Cavallaro), a las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y va a dar seguimiento y monitorear las medidas cautelares que están otorgadas a favor de los estudiantes”, explicó el abogado Vidulfo Rosales.
En tanto, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, resaltó que el mecanismo especial abrirá “la oportunidad de que venga la CIDH constantemente a nuestro país, y ser un mecanismo que busca que los dos informes del GIEI no queden en el aire, sino que tengan dos vías: la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y para el fortalecimiento de la institucionalidad mexicana”.
“Platicamos con la canciller con toda la claridad de que el Estado mexicano, el gobierno federal mexicano, está en deuda con los padres; ese fue el planteamiento, y estamos por cumplir un año y ocho meses y no está claro el paradero de los estudiantes, e incluso le planteamos claramente que el Estado ha fallado”, apuntó.
Se le cuestionó si se integrará en el mecanismo especial a uno de los miembros del GIEI. Vidulfo Rosales tomó la palabra y contestó que es parte de los detalles a afinar, que se seguirá discutiendo.
A la reunión entraron más de 60 personas, la mayoría de padres y familiares de los normalistas representados por las organizaciones Tlachinollan y el Centro Prodh; por parte del gobierno federal, además de Ruiz Massieu, personal de la dependencia y de la Secretaría de Gobernación, como Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos.
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