Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal a través del Mando Único Policial, lograron decomisos de droga y armas en los municipios de Mapastepec, Villa Corzo y San Juan Chamula.
Durante patrullajes de seguridad sobre la calle 3ª sur oriente del barrio DIF del municipio de Mapastepec, uniformados estatales y municipales se percataron de las acciones de compra venta de al parecer droga que realizaba una persona del sexo masculino, mismo que al notar la presencia policial intento darse a la fuga.
Al practicar una inspección de persona, conforme a lo establecido en el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el estado Chiapas, se le encontró diversos envoltorios de los denominados carrujos, conteniendo hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, por lo que se aplicó control preventivo de detención a Javier “N” de 20 años de edad.
En una segunda acción, mismas corporaciones destacamentados en el municipio de Villa Corzo, atendieron una denuncia ciudadana, sobre el hallazgo de un arma de fuego, abandonada sobre la maleza del tramo carretero Las Joyas del ejido San Julián.
Al trasladarse a la zona, fue corroborada la aseveración formulada vía telefónica, por lo que se procedió asegurar una pistola tipo escuadra calibre .22 milímetros abastecidas con seis cartuchos útiles.
Finalmente en el municipio de San Juan Chamula elementos de ambas corporaciones, realizaron control preventivo de detención a Fernando “N” de 24 años de edad, quien en presunto estado de ebriedad realizaba disparos al aire y amedrentaba a los transeúntes de la avenida Yaal Vacax y calle Santa Rosa Vinikton.
La persona fue denunciada por vecinos del lugar, lo que permitió brindar seguridad oportuna y desarmarlo, ya que portaba un arma de fuego tipo revolver calibre 38 milímetros especial abastecida con seis cartuchos, quien no comprobó la legal portación.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentren bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
