Mientras la Cámara de Diputados aprobó la semana que acaba de concluir, la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, en Chiapas las dependencias emanadas de esas instancias se encuentran en bancarrota.
Es más, algunos municipios arrastran deudas millonarias como consecuencia de la rapiña de los alcaldes que terminaron su administración a finales del año pasado.
Pero como no se trata hablar mal de los ausentes, diremos que son los actuales los que tienen que afrontar la crisis en que se debaten, al haber jurado guardar y hacer guardar las administraciones que tienen a su cargo.
Lo cierto es que en casi todos los municipios de Chiapas, no tienen ni para comprar escobas para barrer los parques mientras que el resto de los servicios públicos los prestan dentro de un panorama de precariedad en el mejor de los casos…y en el peor, sencillamente la ciudadanía no recibe dichos servicios.
En relación con las dependencias del gobierno estatal, todas, excepto en aquellas donde despacha la élite gubernamental, carecen de lo más necesario, como agua para beber y papel sanitario en las oficinas.
La austeridad decretada al principio de la actual administración es hoy de auténtica miseria para funcionarios menores y empleados, que son los que tienen que “hacer milagros” para sacar adelante las actividades a ellos encomendadas.
Por eso, la ley financiera para municipios y entidades federativas que será publicada en los próximos días, servirá para aquellos estados en donde cuentan con los recursos necesarios porque aquí en Chiapas, lo único que podrían administrar en abundancia son las estadísticas de plantones y bloqueos carreteros…ya que en eso, somos los más ricos de la república mexicana
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