Lo que nos faltaba para cerrar el año después de los disturbios, bloqueos y hechos violentos generados por los maestros, ahora resulta que los ejidatarios adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, denunciaron al presidente municipal de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, de reactivar “para su servicio” al temible grupo paramilitar Paz y Justicia, por la ambición de controlar a los habitantes de esa población chol
Para nadie es un secreto que a Paz y Justicia se le imputa, entre 1995 y 2000, la muerte o desaparición de cuando menos 122 indígenas en el norte de Chiapas y el desplazamiento de más de 4 mil indígenas choles y tzeltales
Lo grave, según la denuncia hecha por los propios ejidatarios, es que el propio presidente municipal de Tila está utilizando el equipo de comunicación del gobierno municipal para coordinar al grupo paramilitar Paz y Justicia con el objetivo de someter a quien esté en desacuerdo
El pretexto de los ejidatarios para agitar las aguas y desestabilizar esa región, es el eterno reclamo de la devolución de 130 hectáreas que les pertenecen según la resolución presidencial de 1934, pues en 52 de ellas fue construida ilegalmente la cabecera municipal hace 72 años
No hay que poner en saco roto este asunto, pues tampoco hay que olvidar que en 1997, por un supuesto pleito de una mina de grava en Chenalhó, se desató la matanza de 47 indígenas en Acteal
Por eso mismo, creemos que es urgente que el congreso del estado ponga en su lugar cuanto antes al alcalde de tila, antes de que las cosas pasen a mayores y se deslinden las responsabilidades para evitar culpables por acción u omisión, pero sobre todo, para que no haya más derramamiento de sangre de quienes insisten en ver a Chiapas convertido en un polvorín
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