La semana pasada, de manera sorpresiva y sin previo aviso, en Tapachula, los industriales de la masa y la tortilla aumentaron de 12 a 14 pesos el kilogramo de ese alimento básico.
Por supuesto que las amas de casa, que es a quienes les pega directamente en el bolsillo, de inmediato elevaron su protesta a través de los diversos medios de comunicación.
Lo cierto es que, desde que el precio de la tortilla fue liberado, cada industrial del ramo, se atiene a la oferta y la demanda y ese mecanismo, deja en estado de indefensión a los consumidores.
En Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo los precios del alimento son variados y van de los 14 pesos por kilo en adelante pero además, la modalidad de los distribuidores que a bordo de motocicletas van de casa en casa, lo encarece más porque entregan kilogramos incompletos.
La realidad es que aquí la procuraduría federal del consumidor que de por sí es como “la carabina de Ambrosio” hace poco a favor de las familias.
Las supervisiones que realiza y que a veces termina con sanciones, se ha vuelto un círculo vicioso que a nada nos lleva.
La Profeco hace su negocio y en este caso, los tortilleros se recuperan o elevando los precios después de recibir la multa o entregando kilos de 800 gramos.
Y como suele ocurrir, el único perjudicado siempre es el público consumidor.
Hasta el siguiente comentario.
