Entramos a la recta final de este 2017 y nos enfilamos rumbo al 18, un año inminentemente político, donde urge que alguien le lea la cartilla a los servidores públicos quienes no deberán perder la brújula, pues ya desde ahorita hay quienes están más preocupados por su futuro que por su presente laboral.
De entre esa clase política están los alcaldes, muchos de los cuales ya traen el agua hasta el pescuezo porque no les cuadran los números o porque ni siquiera han entregado las cuentas públicas, de eso ya toda la sociedad está enterada.
Pero conforme pasan los días y los meses, van saliendo a relucir más trapitos sucios al sol, de esos que ni lavándolos a mano se limpiaran, como es el caso del rubro de la seguridad, que por culpa de un grupo selecto de presidentes municipales, todos salimos embarrados.
Un caso muy concreto son las policías municipales, algunas de las cuales las agarran durmiendo y les roban la nómina u otros, que por dormirse en sus laureles permiten que sus subalternos hagan lo que quieran con las cárceles distritales.
Decimos esto porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país, incluyendo la de Bochil.
De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
¿Se imaginaba usted esto?, pues se lo tenía bien guardadito el alcalde de Bochil que ahora ya no sabe dónde meterse…
