Ahora si nos quedamos con el ojo cuadrado al enterarnos de que a pesar que desde noviembre del año pasado la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de género para 7 municipios del estado de Chiapas, las agresiones físicas, sexuales, económicas y emocionales hacia las mujeres han ido en aumento.
Y es que la fundadora y representante legal de la Asociación por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, puso el dedo en la llaga al señalar que en lo que va del año, su asociación ha acompañado 302 expedientes que se relacionan con la violencia contra las mujeres; esta cifra representa un incremento de un 40 por ciento en el número de casos con relación al 2016.
Pero agárrese, porque también documentaron que la violencia que se investiga, tiene que ver además con la que sufren las adolescentes y las niñas, donde un gran porcentaje de este sector, denuncia agresiones por parte de sus propios familiares; otro caso también es el que suscitó recientemente en un jardín de niños en la zona urbana de Tapachula, donde el conserje agredió sexualmente a los niños dentro de la institución.
Otro sector que padece de la violencia de género y que muchos insisten en hacer oídos sordos es el de las mujeres que tienen el estatus de migrante, pues son ellas las que comúnmente reciben violencia, y que representa hasta un 30 por ciento del total de casos; ellas sufren ataques principalmente por su pareja, seguida de los familiares de éste, donde en ocasiones, logran quedarse con la tutela de sus hijos.
Esto simple y sencillamente no puede seguir pasando, máxime cuando se supone que tenemos todo para prevenir y sancionar a quien cometa estos delitos, luego entonces alguien tiene que decirle a la sociedad quien ha fallado.
¿La victima cuando no denuncia?
¿El policía cuando no actúa?
¿El ministerio público cuando no integra adecuadamente la averiguación previa?
¿El juez cuando no aplica la sentencia?
¿Quién está fallando en esos 7 municipios del estado de Chiapas?
