La estrategia de combate a la corrupción en Chiapas mantiene abiertas investigaciones contra servidores públicos de la actual y anterior administración, principalmente en los sectores de salud, educación e infraestructura, considerados por el Gobierno del Estado como áreas prioritarias por el manejo de recursos públicos.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, aseguró que la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez es clara: no permitir que ningún programa público sea utilizado para beneficio personal y evitar el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Actualmente, la dependencia mantiene 12 procedimientos activos de inhabilitación relacionados con el sector salud, además de investigaciones que involucran tanto a funcionarios de la administración actual como de gobiernos anteriores.
De acuerdo con la funcionaria, las investigaciones abarcan presuntas influencias indebidas, irregularidades en licitaciones y manejo inadecuado de recursos públicos.
Las acciones se suman a otros casos recientes documentados en Chiapas, como la detención de seis exservidores públicos de la Secretaría de Salud y del ICHEJA por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, así como la captura de 78 funcionarios y policías municipales investigados por una red de extorsión. Además, en 2025 fueron cesados 18 servidores públicos por incumplir con la presentación de su declaración patrimonial.
La secretaria recordó que el año pasado fueron inhabilitados 56 servidores públicos por no presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial, documento que hoy se ha convertido en una herramienta clave para vigilar la evolución del patrimonio de los funcionarios.
Uno de los objetivos principales de esta vigilancia es evitar el enriquecimiento injustificado de quienes ocupan cargos públicos.
Como parte de la estrategia preventiva, la Secretaría Anticorrupción realiza supervisiones permanentes en las nueve dependencias con mayor presupuesto del estado, entre ellas Salud, Educación, Infraestructura, INIFECH, Caminos y Protección Civil, con el objetivo de detectar irregularidades antes de que los recursos sean ejercidos.
La funcionaria afirmó que la política del gobierno estatal busca terminar con las prácticas que durante años afectaron a la administración pública y reiteró que ningún servidor del pueblo tendrá privilegios si incurre en actos de corrupción.
Notinúcleo / Víctor Pérez
