Comenzaron a caer los peces gordos que operaron el mega fraude de la elección del diputado migrante donde a la par se dio el mayor robo de identidad de que se tenga memoria en nuestro país pues, como ya habíamos comentado, a 16 mil chiapanecos les dieron de baja de la lista nominal y sus datos fueron dados de alta en el padrón de ciudadanos radicados fuera del país
Así, de la noche a la mañana 16 mil chiapanecos ya tenían su dirección en países como Estados Unidos, Uganda, Armenia, Vietnam, Liberia, Cabo Verde, República Checa, Angola y Trinidad y Tobago
El juez tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla, dictó auto de formal prisión en contra de Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la empresa DSI elecciones S.A. DE C.V., por los delitos electorales, fraude y asociación delictuosa
De acuerdo a las investigaciones que encabezan las fiscalías electoral y especializada en el combate a la corrupción, el imputado firmó el contrato de prestación de servicios informáticos que celebraron el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas y la empresa que representa
Pero como dicen que no hay crimen perfecto entonces comenzaron a salir a relucir todos los trapitos sucios al sol al detectarse una serie de irregularidades en el proceso de elección que permitieron manipular los votos a favor del candidato a diputado migrante Roberto Pardo Molina, toda vez que cuando los electores que se vieron agraviados y que viven en el estado de Chiapas no lo pudieron hacer, debido a que no aparecían en la lista nominal local
Las pruebas recabadas señalan que se cometió un delito electoral, dado que la empresa alteró documentos públicos electorales y se configuró un fraude en contra del IEPC, por el engaño de que fue objeto en la manipulación del programa informativo creado por la empresa DSI elecciones S.A. DE C.V
Pero seguramente falta que caigan otros peces gordos pues es lógico pensar que en las próximas horas podrían ser llamados a cuentas también el propio Roberto Pardo, el dueño de la empresa Vicente Manzur Molina y quizás alguien que se hizo de la vista gorda al interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues no se entender que el hoy detenido Carlos Alberto Díaz Hernández, representante legal de la empresa, fuera capaz de operar y orquestar él solito el fraude y el robo de identidad
Hasta el siguiente comentario