Perfil de opinión, domingo 25 de diciembre

por Notinúcleo Networks

El fraude millonario descubierto en la bodega de DICONSA en Tapachula, es solo la punta del hilo de la madeja del manejo turbio que tienen algunas instancias federales que deberían llevar bienestar a la población vulnerable, pero que en el camino se pierden y solo favorecen a unos cuantos.

 

Juan Manuel Valle Pereña,  el director  general de la dependencia, dio a conocer que tenía 12 años que se venían desviando los productos alimenticios, incluso el maíz que debería ser distribuido en la región del soconusco, era llevado de contrabando a Guatemala.

 

¿Pero qué es DICONSA? Es el sistema de distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.,  es la red de abasto social más grande del país, que se mueve para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles a favor de la población en condiciones de marginación.

 

El funcionario federal, reveló que hay 270 bodegas de DICONSA en toda la república y que la de Tapachula es la única que presenta irregularidades y que éstas fueron descubiertas después de una auditoría. También denunció que el almacén se había convertido en el negocio particular de un líder local que había estado en la cárcel por encabezar conflictos sociales.

 

Lo cierto, es que dicha bodega,  desde noviembre pasado, está en poder de unas 30 personas, y las auditorías mediante las cuales se descubrieron las irregularidades, tuvieron que hacerlas con el apoyo de la fuerza pública.

 

Lo raro es que hasta el momento, solo hay dos presentados ante la autoridad judicial correspondiente, según el propio  director general.

 

Por eso sobre este acontecimiento, que se difundió en los diferentes medios de comunicación durante la semana pasada, quedan muchas dudas y sobre todo, muchas sospechas.

 

¿Cómo es posible que después de 12 largos años, hasta ahora se dieron  cuenta de los malos manejos?

 

¿En dónde estuvieron las autoridades superiores de la institución durante todo ese tiempo?

 

¿Por qué no dan a conocer los nombres de los defraudadores?

 

¿Por qué tampoco han revelado el monto del fraude?

 

¿A quién, o a quiénes se trata de proteger?

 

Son preguntas que esperamos, en el curso de las investigaciones, tengan respuestas si en verdad se quiere llegar hasta las últimas consecuencias…de lo contrario, será solo un escándalo más que como “cortina de humo” utilizan los funcionarios públicos para distraer nuestra atención y a las cuales, por desgracia, ya estamos acostumbrados…

 

Hasta el siguiente comentario.

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