Por laudos perdidos con trabajadores, como el caso de Carlos Camas Medina
Carlos Camas Medina exige justicia laboral, luego de que en 2010 como trabajador fue despedido del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos y en 2018 ganó el laudo del juicio ordinario J/0/797/2010, para la reinstalación y el pago de salarios caídos.
Asegura que los directivos del ICHEJA no dan muestras de voluntad para cumplir con la sentencia del juez a su favor, ni dan cumplimiento al decreto impulsado por el Gobernador de Chiapas en junio de 2019, para la atención a laudos.
Están incurriendo en delito de desacato a la ley, además de estar provocando un problema financiero al Instituto, equivalente a hoy superior a cinco mil millones de pesos, por casos como el suyo de trabajadores que fueron despedidos y han ganado los laudos.
Dijo que en su caso particular se ha acumulado una deuda de 3 millones, pero tiene conocimiento de otros ocho casos más, además de los que tiene cuantificado la Secretaría Técnica en todo el estado, porque han dejado correr los tiempos.
Cuando el laudo salió a su favor en 2018, el ICHEJA estaba obligado a pagarle un millón 800 mil pesos, pero ahora esta deuda asciende a tres millones 200 mil pesos, en su calidad de coordinador regional, que atendía la zona Altos, Selva y parte de la Norte.
Explicó que todo porque los funcionarios no han dado cumplimiento a la sentencia ni muestras de voluntad para resolver el problema, porque en la Jornada de Conciliación, que lleva a cabo la Junta de Conciliación, hace 15 días lo citaron para carearse con el jurídico del ICHEJA, donde con el ánimo de llegar acuerdos propuso un monto económico, lo cual tenía que analizar la parte patronal y dar respuesta en diez días más, pero ya no llegaron, lo dejaron esperando a él y a los representantes de la Junta Local.
Reveló que la problemática financiera al Instituto, derivará en un momento a otro, y de origen por haber despedido a trabajadores en el afán de darle uso con otros fines a 162 millones de pesos, etiquetados para la contratación de figuras solidarias para atender el rezago educativo en Chiapas. Ese recurso lo usan para pagar aviadores y hasta para financiar campañas electorales, cuando Chiapas sigue ocupando hoy los últimos lugares de alfabetización, en el lugar 14.8 de la media nacional.
Informa: Cosme Vázquez
