Un informe elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de Chile advierte que el comercio ilegal y el contrabando generan alrededor de 6 mil millones de dólares anuales, convirtiéndose en un problema estructural para el desarrollo económico del país. El estudio sostiene que las economías ilícitas han dejado de ser fenómenos aislados y ahora operan como un sistema paralelo que compite con los mercados formales.
El documento, titulado Por un Chile sin economía ilícita, fue elaborado por 70 especialistas pertenecientes a 30 gremios empresariales. Además de estimar un movimiento anual de al menos 5 mil 700 millones de dólares, calcula que el Estado deja de recaudar aproximadamente mil 500 millones de dólares en impuestos cada año, mientras que las empresas destinan cerca de 2 mil 700 millones de dólares a la prevención y combate de estos delitos.
Los expertos señalan que las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas funcionan con una estructura empresarial que incluye producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de recursos. También aprovechan las debilidades institucionales y las deficiencias en la fiscalización para expandirse, especialmente en zonas con menor presencia de las autoridades.
Como parte de las propuestas para enfrentar este problema, la iniciativa plantea diseñar una política nacional contra las economías ilícitas, crear una unidad especializada con capacidad de análisis e inteligencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de supervisar los flujos financieros y perseguir las redes delictivas. El objetivo es reducir el impacto económico y social del comercio ilegal y proteger el desarrollo productivo de Chile.
