La audiencia para definir si Ernesto Ruffo Appel y siete personas más son vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal fue reanudada por una jueza federal. La diligencia continúa después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó sus argumentos y datos de prueba durante varias horas ante el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante la audiencia, la autoridad judicial analiza los elementos presentados por la Fiscalía, que acusa a los involucrados de formar parte de una organización dedicada al contrabando de combustibles y delitos relacionados con hidrocarburos. La defensa de Ruffo Appel y de los otros señalados busca desacreditar las pruebas presentadas y argumenta que no existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
El caso involucra al exgobernador de Baja California junto con otros siete coacusados, quienes enfrentan señalamientos por presunta participación en una red de operaciones irregulares vinculadas con la importación y manejo de combustibles. La FGR sostiene que estas actividades habrían generado afectaciones económicas al erario, mientras que los acusados mantienen su derecho a la defensa y presunción de inocencia.
La resolución de la jueza será determinante para establecer si existen elementos suficientes para que continúe el proceso judicial contra los imputados. En caso de una vinculación a proceso, la investigación seguirá bajo supervisión judicial; sin embargo, esta decisión no representa una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de los acusados.
