La obligación en la vinculación de las líneas telefónicas móviles con datos personales ha encendido el debate legal y social en el estado. Ante las disposiciones regulatorias implementadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que exigen asociar las líneas a documentos oficiales bajo el argumento de inhibir delitos como la extorsión, sectores ciudadanos, colectivos y usuarios en Chiapas han comenzado con articular una postura de resistencia, recurriendo al juicio de amparo como vía de defensa ante lo que consideran una vulneración a su privacidad.
Tan solo en el primer registro, miles de personas en la entidad se quedaron sin acceso a su propio teléfono, lo que aumentó las denuncias y amparos, asegurando que violan sus derechos fundamentales.
Mariela Coutiño, perteneciente a la Consultoría Jurídica en Chiapas, argumentó que, si bien las medidas federales establecen un calendario escalonado de cortes y plazos de suspensión temporal, en territorio chiapaneco la medida ha generado incertidumbre económica, dudas sobre la ciberseguridad institucional y un dilema entre la legalidad administrativa y el derecho ciudadano a la protección de datos.
En regiones apartadas y zonas rurales de Chiapas, donde la conectividad móvil es una herramienta indispensable para el comercio local, la educación a distancia y la comunicación familiar, la falta de claridad sobre los procesos de reactivación de líneas bloqueadas ha generado preocupación. Mientras las autoridades federales defienden el padrón como un esquema necesario para la seguridad pública, los sectores inconformes sostienen que la privacidad digital es un derecho humano que no debe condicionarse bajo esquemas restrictivos.
Notinúcleo / Juan Jesús Toledo
