Las tarifas que pagan los hogares mexicanos por los servicios de agua potable y saneamiento continúan siendo insuficientes para cubrir los costos de captación, potabilización, conducción, distribución y tratamiento del líquido, señalaron especialistas.
Aunque las cuotas han registrado incrementos en los últimos años, los recursos recaudados no siempre permiten garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura y la prestación eficiente del servicio.
De acuerdo con el estudio “¿Cuánto pagan los hogares por los servicios de agua potable y saneamiento en México?”, elaborado con información de 67 de las ciudades más pobladas del país y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la tarifa doméstica promedio por metro cúbico aumentó de 20.74 pesos en 2023 a 22.88 pesos en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 10 por ciento. Sin embargo, los especialistas advirtieron que estos ingresos pueden resultar insuficientes ante la inflación, el deterioro de las redes y la creciente presión sobre los recursos hídricos.
El análisis también identificó importantes diferencias entre las ciudades mexicanas. Xalapa, Veracruz, y Querétaro registran tarifas superiores a los 40 pesos por metro cúbico, mientras que la Ciudad de México se ubica ligeramente por encima del promedio nacional, con menos de 25 pesos. En contraste, Mazatlán, Sinaloa, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mantienen tarifas inferiores a los 10 pesos. Estas variaciones responden a factores políticos, institucionales y a la disponibilidad de agua en cada región. Además, únicamente 48 por ciento de las tarifas se actualiza anualmente.
Ante esta situación, los especialistas propusieron que los recibos de agua incluyan un desglose de los conceptos cobrados, como la distribución, el alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales y los costos de infraestructura. Consideraron que esta medida permitiría a los usuarios comprender mejor el destino de sus pagos y fomentar un consumo responsable.
El reto para los organismos operadores consiste en alcanzar la sostenibilidad financiera sin comprometer la capacidad de las familias para acceder a un servicio básico, especialmente en las comunidades donde existen mayores dificultades económicas y de abastecimiento.
