Alberto Carbot
El huracán “Polo” se formó como depresión tropical el pasado domingo 20 de septiembre frente a las costas de Michoacán. El martes 22 alcanzó la categoría 5 al sur de Guerrero. Luego, tras perder fuerza, tocó tierra a la medianoche de este martes 29, cerca de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur, a donde llegó ya como huracán de categoría 2, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora.
Hay que aclarar que la categoría habla de vientos, mientras que las inundaciones por lluvia y la marejada se miden aparte. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió precipitaciones torrenciales en el centro de Baja California Sur y en la costa sur de Sonora, además de olas de siete a nueve metros en las costas sudcalifornianas. El peligro no ha pasado del todo y sigue en evolución.
Hay que recordar en 2005 el terrible paso del huracán Stan, que dejó en Chiapas ríos desbordados, deslaves, centenares de muertos y miles de damnificados en comunidades dañadas en la costa y el Soconusco. Ese mismo año, el huracán Wilma golpeó Cancún y se llevó gran parte de la arena de sus playas. En 2023, Otis se intensificó en muy poco tiempo y golpeó Acapulco con una fuerza para la que casi nadie tuvo margen de preparación. Son historias que conocemos y que cobran sentido cada vez que escuchamos la palabra evacuación.
Pero no sólo se resiente directamente su paso destructor, sino también las consecuencias de los fenómenos naturales como este y otros fenómenos hídricos. La Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México tienen su propia experiencia reciente. El año pasado, la capital vivió su año más lluvioso en más de cuatro décadas. Este año, junio marcó un récord para ese mes con 241 milímetros de lluvia. La Comisión del Agua mexiquense registró durante 2025 casi doce mil habitantes afectados por inundaciones y encharcamientos, y este septiembre que está por concluir, volvieron a anegarse calles en Ecatepec y Tlalnepantla.
El atlas mexiquense contabiliza 382 episodios en 41 municipios y calcula que 17 por ciento del territorio estatal es susceptible de inundarse. Ese mapa sirve para decidir dónde construir, qué calles vigilar y por dónde escapar. Conviene preguntar qué hizo cada autoridad con esa información.
En la zona centro del país, una fuerte tormenta puede afectar miles de hogares y escuelas, interrumpe el transporte y pone a prueba hospitales y servicios de los que dependen millones. El agua no se detiene en los límites entre alcaldías y municipios. De ahí que prevenir exija una coordinación real entre autoridades vecinas.
En Nuevo León y en otras regiones se ha construido cerca de arroyos que permanecieron secos durante años. Cuando llega una lluvia extraordinaria, el agua puede volver por donde pasó siempre. La ley de ese estado prohíbe bloquear o rellenar los cauces de ríos y arroyos y es indispensable saber quién ofrece suelo en esos sitios, quién autoriza construir y quién vigila después.
La misma ley obliga a restaurar el cauce alterado y prevé sanciones. Por eso hay que abrir los expedientes de las obras junto a los arroyos y revisar los estudios hidrológicos, los permisos y las inspecciones. La responsabilidad empieza a documentarse mucho antes de que llegue la creciente.
También cuenta mucho la responsabilidad de quien compra o construye. Hay familias que llegaron ahí sin conocer el peligro o sin posibilidad de elegir otro sitio y corresponde a las autoridades explicarles el riesgo, impedir nuevas ocupaciones peligrosas y ofrecer salidas viables a quienes ya viven expuestos.
La prevención se aprende también en las escuelas. Los simulacros de sismo son habituales, pero una escuela ubicada junto a una barranca necesita saber qué alerta recibirá, por dónde saldrán sus alumnos y cómo se avisará a las familias.
En casa podemos empezar por identificar si estamos en una zona baja, junto a un cauce o al pie de una ladera. El atlas de riesgos y la oficina municipal de Protección Civil orientan sobre estos peligros y sobre los refugios disponibles. Una familia puede acordar un punto de encuentro, reunir documentos, medicamentos, una lámpara y lo necesario para quienes requieran ayuda para desplazarse.
Durante la emergencia hay que atender las indicaciones de evacuación. Si el agua corre por una calle, un vado o un puente, cruzarla a pie o en automóvil puede costar la vida. Las grietas en el terreno, la caída de piedras y los cambios repentinos en un arroyo también exigen alejarse y pedir ayuda.
Con la llegada del huracán “Polo”, Conagua anunció 554 refugios disponibles en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. La cifra debe convertirse en direcciones, puertas abiertas y rutas transitables y quien recibe una orden de evacuación necesita saber de inmediato adónde ir. Ahí se comprueba si el aviso fue útil para la familia que debía salir.
Aquí quisiera hacer una pregunta que sirve también para quienes vivimos lejos de las zonas golpeadas. Si esta noche nos avisaran que debemos salir de casa porque una crecida amenaza con inundar nuestro barrio, ¿en verdad sabríamos hacia dónde ir? ¿Conoceríamos el refugio más cercano y la ruta para llegar sin atravesar el agua?
Para responder, debemos conocer el riesgo del lugar donde vivimos y comprobar esa ruta antes de que comience la emergencia.
También quedan las preguntas que deben contestar las autoridades. ¿Qué colonias, escuelas y hospitales están en zonas inundables? ¿Qué rutas permanecen abiertas durante una tormenta? ¿Qué refugios pueden recibir de inmediato a la población? ¿Cómo llega el aviso a quienes no tienen señal telefónica o requieren ayuda para salir? ¿Quién asume la coordinación cuando un mismo cauce atraviesa varios municipios?
Hay colonias señaladas en los atlas, cauces protegidos por la ley y avisos emitidos con anticipación. Hoy hay que exigir los permisos y las inspecciones, verificar las rutas y registrar la hora de cada alerta. Si la próxima creciente arrastra una casa donde el riesgo era conocido, sin que sus habitantes hubieran sido informados de ese peligro, pidamos cuentas a quien autorizó construir, a quien dejó de vigilar y a quien avisó tarde.
Comprobar todo esto antes de la siguiente tormenta puede evitar daños en la infraestructura y las viviendas y, sobre todo, salvar vidas. La corriente puede borrar una calle, pero los expedientes casi siempre conservan nombres y firmas.
