A pesar de que Chiapas ya cuenta con una reforma al Código Penal para castigar la cohabitación y los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, estas prácticas continúan registrándose en municipios de la región Altos.
Abogadas de la región Altos piden que la legislación deje de ser letra muerta y se aplique de manera efectiva.
Nidia Santiz López, académica y abogada, señaló que durante 2025 se han documentado al menos 20 casos de cohabitación forzada, una práctica en la que niñas y adolescentes son obligadas a vivir en pareja o contraer matrimonio sin su consentimiento.
Explicó que este tipo de violencia suele presentarse en contextos de pobreza y desigualdad, donde algunas familias llegan a entregar a sus hijas para saldar deudas o recibir compensaciones económicas, terrenos u otros beneficios, vulnerando sus derechos a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
Indicó que los municipios de Chamula, Chenalhó, Zinacantán, Tenejapa, Mitontic, San Juan Cancuc, San Andrés Larráinzar y Chanal continúan siendo considerados focos rojos, aunque reconoció que esta problemática ha estado presente históricamente en distintas comunidades indígenas del estado.
Como ejemplo de la violencia que enfrentan las menores, relató el caso de una niña que fue privada de su libertad por instrucciones de su propio padre tras negarse a aceptar la unión con un hombre mayor. En otros casos, dijo, las adolescentes son castigadas con trabajos comunitarios por rechazar estos acuerdos familiares.
Recordó que la reforma aprobada por el Congreso del Estado establece penas de ocho a quince años de prisión para quienes promuevan o participen en la cohabitación forzada, las uniones legales forzadas o los matrimonios forzados de niñas y adolescentes en pueblos indígenas.
Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la aplicación de la ley, fortalecer el acceso a la educación en comunidades indígenas y reforzar las acciones de prevención para erradicar estas prácticas.
Cabe recordar que por primera vez en Chiapas fue judicializado un caso por el delito de cohabitación forzada, luego de que autoridades detuvieran a un hombre acusado de entregar a su hija de 12 años a cambio de 25 mil pesos para obligarla a vivir con un adulto en el municipio de Larráinzar.
Notinúcleo / Issa Maldonado
