Pese a que en Chiapas, el aborto se despenalizó en noviembre de 2024, a dos años de ese momento, todavía hay poblaciones donde hace falta la información y el acompañamiento a quienes deciden ejercer este derecho, ya que en algunas comunidades tseltales y tsotsiles, las mujeres que interrumpen su embarazo se enfrentan a multas, encierro y matrimonio forzado impuestos por autoridades de su comunidad, hecho condenado por activistas y colectivas.
“Desde la Red aborta de Chiapas, condenamos cualquier abuso de autoridad o cualquier violencia, discriminación, estigma que pueda desarrollarse contra las personas que deciden interrumpir un embarazo. Es importante que las personas conozcan que en Chiapas hay acceso completamente gratuito a la interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo por medio de los servicios de IMSS Bienestar”.
Y es que una tesis de maestría de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), basado en entrevistas a mujeres de dichas comunidades, se expone que cuando la autoridad local se entera de un aborto, a la mujer se le exige una cuota o una multa; si no puede pagarla, se le ha llegado a encerrar en la cárcel comunitaria o exhibirlas en público, además de enfrentarse a que en los hospitales no hablan su lengua, Alejandra Muñoz, vocera de la Red Aborta Libre Chiapas, señaló que esto también es parte de sus derechos.
“En los hospitales de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula, Comitán, Salto de Agua, Berriozábal, Palenque, Pichucalco y Yajalón. El sistema de salud debe garantizar también la traducción a las lenguas originarias a todas aquellas usuarias que requieran una traducción”.
En lo que va de este año, esta Red ha acompañado a un total de 405 personas para realizar una interrupción del embarazo, ya sea que en casa o por medio de los servicios de salud públicos, por ello, invitaron a compartir información verídica, científica y libre de estigmas sobre el tema.
Notinúcleo / Alejandra Orozco Ardines
