Casi 82 mil personas detenidas durante la guerra contra las pandillas en El Salvador continúan sin recibir una sentencia judicial, de acuerdo con un balance presentado por la Fiscalía salvadoreña.
La estrategia fue impulsada por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, mediante un régimen de excepción que permitió intensificar las detenciones para combatir a grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Aunque esta política ha contribuido a reducir los homicidios a mínimos históricos, también ha generado preocupación por el respeto a los derechos humanos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó ante el Congreso que se han registrado poco más de 10 mil 500 condenas relacionadas con los detenidos bajo este régimen. Además, las autoridades reportaron 13 sentencias de cadena perpetua, 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.
Sin embargo, el funcionario aclaró que las cifras corresponden a casos que ya llegaron a la etapa de juicio, por lo que se espera que el número de sentencias aumente conforme avancen los procesos judiciales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntas detenciones arbitrarias, abusos dentro de las cárceles y la muerte de más de 500 personas bajo custodia del Estado.
Por su parte, Bukele ha reconocido que su gobierno liberó a unas 8 mil personas detenidas, aunque persisten cuestionamientos sobre las condiciones de los arrestos y las garantías legales ofrecidas a los acusados.
Ante las críticas, el gobierno salvadoreño también ha planteado la posibilidad de liberar anticipadamente y bajo condiciones a unos 5 mil detenidos considerados colaboradores ocasionales de las pandillas. La propuesta contempla evaluar su participación y posible incorporación a programas penitenciarios de trabajo, pero organizaciones humanitarias cuestionan que estas decisiones dependan de instancias gubernamentales y no exclusivamente de los tribunales.
