Los legisladores de Hong Kong aprobaron el martes por unanimidad un nuevo proyecto de ley de seguridad nacional quince días después de su presentación, acelerando una importante legislación que, según los críticos, amenaza aún más las libertades de la ciudad gobernada por China.
El paquete, conocido como Artículo 23, castiga delitos como la traición, el sabotaje, la sedición, el robo de secretos de Estado, la injerencia externa y el espionaje con penas que van desde varios años hasta cadena perpetua. El líder de Hong Kong, John Lee, dijo que la ley entraría en vigor el 23 de marzo y lo calificó como un “momento histórico para Hong Kong”.
Esta nueva serie de leyes se suma a una ley de seguridad nacional anterior impuesta por China que ya había provocado sanciones de Estados Unidos, incluso contra Lee. Algunos legisladores, sin embargo, restaron importancia al riesgo de nuevas sanciones y posibles rebajas de calificación crediticia.
“Tenemos que legislar para la seguridad de nuestro país y de Hong Kong. Lo que venga, vendrá. No nos importa”, afirmó el jefe del legislativo, Andrew Leung.
El Consejo Legislativo de Hong Kong, repleto de leales a Beijing, recibió el proyecto de ley por primera vez el 8 de marzo después de una consulta pública de un mes de duración. Las autoridades dicen que la legislación es necesaria para tapar las lagunas en el régimen de seguridad nacional a pesar de la promulgación de la ley impuesta por China que se ha utilizado para encarcelar a activistas a favor de la democracia.
La nueva ley tendrá efecto extraterritorial fuera de Hong Kong, lo que genera temores de que pueda usarse para intimidar y restringir la libertad de expresión en otras jurisdicciones. Los críticos, incluido el gobierno de Estados Unidos, dicen que la ley restringirá aún más las libertades y podría usarse para “eliminar la disidencia por miedo al arresto y la detención”.
La Comisión Ejecutiva del Congreso estadunidense sobre China, que asesora al Congreso estadounidense, publicó el jueves pasado una carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, criticando las nuevas leyes e instando al gobierno estadounidense a “tomar medidas adicionales para proteger a los ciudadanos y empresas estadounidenses”.
