Un juez federal de California bloqueó a nivel nacional la política de la administración de Donald Trump que permitía a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos dentro y en las inmediaciones de los tribunales de inmigración. El magistrado determinó que la medida era “arbitraria y caprichosa”, al considerar que no existían fundamentos suficientes para justificar este tipo de detenciones.
La práctica había sido implementada por el gobierno de Trump con el argumento de reforzar la seguridad y facilitar la detención de personas sujetas a procesos migratorios. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes sostuvieron que estos operativos desalentaban la asistencia a las audiencias judiciales y afectaban el derecho al debido proceso, ya que muchas personas temían acudir a los tribunales por riesgo de ser detenidas.
El fallo representa un revés para la estrategia migratoria de la Casa Blanca y restablece las restricciones que limitaban este tipo de arrestos a situaciones excepcionales relacionadas con amenazas a la seguridad pública o nacional. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con la decisión y la calificó como activismo judicial, grupos proinmigrantes celebraron la resolución como una victoria para la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
