El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y señaló que el Estado peruano debe revisar las medidas adoptadas en su contra. El organismo internacional consideró que durante el proceso se vulneraron garantías relacionadas con el debido proceso y los derechos fundamentales del exmandatario.
El informe de los expertos de la ONU sostiene que la captura de Castillo, ocurrida en diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso, presentó irregularidades legales, entre ellas la falta de ciertas garantías procesales. Además, recomendó medidas como su liberación, una reparación por los daños ocasionados y una investigación sobre las circunstancias de su detención.
La decisión del grupo de expertos ha generado nuevas discusiones políticas en Perú, debido a que el caso de Castillo continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la reciente historia política del país. Mientras algunos sectores consideran que fue víctima de un proceso injusto, otros recuerdan que su salida del poder ocurrió después de anunciar medidas calificadas por diversas instituciones como un intento de ruptura del orden constitucional.
Aunque las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU no tienen carácter vinculante, el pronunciamiento vuelve a colocar en el centro del debate la situación judicial del exmandatario y las garantías del sistema de justicia peruano. El caso podría tener repercusiones políticas y diplomáticas, especialmente entre sectores que han cuestionado la forma en que se desarrolló la transición de poder en Perú.
