La quema de basura representa una creciente emergencia ambiental y de salud pública en México, principalmente en las comunidades rurales, donde millones de familias carecen de servicios adecuados de recolección y tratamiento de residuos.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 3.4 millones de viviendas queman habitualmente sus desechos, lo que equivale a 8.65 por ciento de los hogares del país. Esta práctica provoca contaminación del aire y puede liberar partículas y sustancias tóxicas que afectan tanto a las personas como a los ecosistemas.
La desigualdad entre las zonas rurales y urbanas es evidente, pues en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes únicamente 55.69 por ciento de las viviendas entrega sus residuos a un camión recolector, mientras que 35.41 por ciento opta por quemarlos.
Esto representa alrededor de 2.8 millones de hogares rurales expuestos a los efectos de la contaminación. En contraste, en las ciudades con más de 100 mil habitantes, la recolección alcanza 91.1 por ciento de las viviendas y la quema de basura se reduce a apenas 0.5 por ciento.
Entre las entidades con mayores porcentajes de viviendas que queman sus residuos destaca Chiapas, donde la práctica alcanza 30.1 por ciento, seguido de Oaxaca con 28 por ciento, Guerrero con 26.5 por ciento, Tabasco con 25.7 y Veracruz con 21.5 por ciento.
Además, el problema se agrava por la falta de separación y aprovechamiento de los desechos, ya que a nivel nacional solamente 47.43 por ciento de las viviendas clasifica su basura orgánica e inorgánica. A esto se suma que México genera diariamente casi 140 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales apenas 5 por ciento recibe algún tratamiento.
El panorama evidencia las deficiencias de las políticas públicas en materia de manejo de residuos y la desigualdad en el acceso a servicios básicos, especialmente en comunidades alejadas de las zonas urbanas.
La falta de infraestructura y de alternativas para disponer de la basura obliga a numerosas familias a recurrir a prácticas que ponen en riesgo su salud y deterioran el medio ambiente. Ante esta situación, resulta necesario fortalecer los sistemas municipales de recolección, ampliar la infraestructura para el tratamiento de residuos e impulsar programas de educación ambiental y reciclaje que permitan atender las necesidades de las comunidades rurales.
