Organizaciones ambientalistas solicitaron que el reglamento de la Ley General de Economía Circular incluya mecanismos sólidos para identificar, evaluar y eliminar de manera progresiva las sustancias químicas peligrosas presentes en productos y materiales. El objetivo es evitar que estos compuestos permanezcan en los ciclos de producción, sean transferidos a nuevos productos o terminen liberándose en el ambiente y afectando a las personas.
El Poder del Consumidor, Greenpeace y otras organizaciones señalaron que la exposición a sustancias químicas puede ocurrir durante todo el ciclo de vida de los productos, desde la extracción de recursos y su fabricación hasta que se convierten en residuos. Por ello, consideraron indispensable que la protección de la salud humana y del medio ambiente sea un principio transversal en la aplicación de la ley, vigente desde el pasado 20 de enero.
Respecto al reglamento, que debe emitirse 180 días después de la entrada en vigor de la legislación, los grupos ambientalistas plantearon que las tecnologías de termovalorización de residuos sean utilizadas como última opción. También pidieron que cualquier decisión relacionada con materiales, tecnologías y modelos de gestión sea respaldada por análisis completos e independientes del ciclo de vida y se adopte con criterios técnicos y sin conflictos de interés.
Las organizaciones sostuvieron que una verdadera economía circular debe prevenir la contaminación química desde el diseño de los productos y favorecer la sustitución de las sustancias consideradas de mayor preocupación por alternativas más seguras. Además, pidieron que el Estado responsabilice a productores, importadores y comercializadores por los impactos de los bienes durante todo su ciclo de vida y evite que los costos ambientales y los riesgos para la salud recaigan sobre las comunidades vulnerables o las futuras generaciones.
