Por primera vez, los juzgadores que emitan sentencias contrarias al concepto de justicia del Ministerio Público o de las personas involucradas en un juicio serán juzgados y sometidos a cursos para que ajusten sus criterios a la nueva idea de justicia.
Además de la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto directo, la reforma al Poder Judicial crea un Tribunal de Disciplina para capacitar a los jueces y someterlos a evaluaciones, pero que también podrá dar vista al MP por la posible comisión de delitos e incluso solicitarles juicio político ante la Cámara de Diputados.
Ayer, el Senado de la República declaró la validez de la reforma constitucional, sin la presencia de los 42 senadores de oposición y luego del voto aprobatorio de 23 Congresos estatales.
Luego tocó el turno de la Cámara de Diputados, que en menos de nueve minutos, y también con la ausencia de los 134 legisladores del bloque opositor, dio por concluido el proceso parlamentario del cambio constitucional. La reforma fue enviada al titular del Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Otro de los cambios en la nueva era que registrará el Poder Judicial en México es que todos los casos que involucren el pago de impuestos deberán que resolverse de inmediato, pues por primera vez los juzgadores tendrán un plazo máximo de seis meses para resolver los juicios que involucren el pago de contribuciones tributarias; quienes incumplan serán acusados ante las instancias disciplinarias.
ARRANCA NUEVA ERA JUDICIAL EN MÉXICO
México estrena un Poder Judicial en el que por primera vez los juzgadores que emitan sentencias contrarias al concepto de justicia del Ministerio Público o de las personas involucradas en un juicio serán juzgados y sometidos a cursos para que ajusten sus criterios a la nueva concepción de justicia.
El Tribunal de Disciplina Judicial podrá aplicar a los jueces “medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación”.
Este nuevo Tribunal “podrá dar vista al MP ante la posible comisión de delitos y solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por el voto ante la Cámara de Diputados”.
Además, los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces serán electos en urnas por los ciudadanos, por lo que cesarán a los actuales juzgadores federales.
Sin la presencia de los 42 senadores de oposición, ayer, con el voto aprobatorio de 23 Congresos estatales, el Senado declaró la validez de la reforma constitucional del PJF.
Fueron los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y CDMX los que avalaron la reforma y con lo cual impuso el récord de concretarse en sólo 58 horas, desde que fue aprobada por el Senado la madrugada del 11 de septiembre y fue declarada su validez ayer a las 14:36 horas.
La reforma crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que “evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda, durante su primer año de ejercicio. La Ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación”.
Tendrá la facultad para evaluar el trabajo de los magistrados y jueces, aunque no especifica si se refiere a los criterios jurídicos que aplican o a su comportamiento.
Detalla que “la ley señalará las áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las medidas correctivas o sancionadoras”.
Esas medidas son “de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación.
Y cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año.
Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal resolverá la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el PJ”; de esta manera, por primera ocasión los juzgadores tendrán un supervisor directo de sus acciones y no como ocurre ahora con el Consejo de la Judicatura Federal, que actúa en función de las quejas que recibe sobre las decisiones judiciales o el comportamiento de los juzgadores.
De igual manera, dispone de forma inédita que nadie podrá “interpretar” la reforma constitucional, sino que se deberá aplicar en apego al texto que contiene.
Lleva a nivel constitucional el criterio de que en los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales no se aplicará la suspensión de la norma impugnada con efectos generales.
Ayer, al fijar posición de la reforma, Gerardo Fernández Noroña, de Morena; Juanita Guerra y María del Rocío Corona, así como la petista Geovanna Bañuelos, resaltaron esta reforma como un logro inigualable del presidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio de una nueva era de justicia verdadera para los mexicanos.
