El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reforzar los mecanismos de revisión para impedir que funcionarios públicos participen como observadores electorales en los comicios de 2027.
La resolución, aprobada por unanimidad el 21 de octubre de 2026, establece que el organismo debe ampliar las bases de datos utilizadas para verificar las solicitudes de acreditación y garantizar la imparcialidad durante el proceso electoral.
La disposición establece que el INE deberá cotejar los nombres de las personas solicitantes no solo con el padrón federal de Servidores de la Nación, sino también con los registros de funcionarios públicos estatales y municipales.
La medida busca identificar a quienes desempeñan funciones relacionadas con la operación o entrega de programas sociales, debido a que estas actividades son incompatibles con la participación como observadores electorales, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades electorales.
La resolución surgió luego de que los magistrados coincidieron en que era necesario establecer reglas claras y plazos específicos para atender los casos en los que se encuentren coincidencias entre las solicitudes de acreditación y los registros de servidores públicos. También determinaron que las personas involucradas deben tener la oportunidad de presentar pruebas y aclaraciones antes de que se tome una decisión.
El INE deberá realizar las modificaciones correspondientes a más tardar en su última sesión de octubre de 2026, con el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales responsables de proporcionar la información requerida.
Además, el procedimiento deberá contemplar revisiones posteriores a la acreditación para detectar posibles impedimentos antes de la jornada electoral.
