Ahora que la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvo una acción justiciera contra los explotadores de mano de obra infantil en la finca San Carlos municipio de Tapachula, vale la pena reflexionar que no solo se requiere de proteger a los niños migrantes sino también a los connacionales.
Todos los días, somos testigos de los menores que piden limosna o limpian parabrisas en los cruceros y calles importantes de las principales ciudades de nuestro Estado.
Ellos, hasta donde se sabe, también son explotados por vivales que los mandan a exponerse a los peligros que conlleva “torear” automóviles en las avenidas, libramientos y boulevares.
Desde luego que esta situación no es privativa de nuestro Estado, se puede observar en toda la república, pero nos importa lo que pasa en Chiapas, consecuencia de la desatención de las instancias que tienen que ver con la protección de la infancia.
Las autoridades laborales por ejemplo, se desgarran las vestiduras con declaraciones a favor del sector laboral aunque sabemos que poco hacen, pues nunca hemos visto una acción concreta que proteja al sector más vulnerable de la población chiapaneca, como lo es el de los niños que todos los días arriesgan la vida buscando el sustento propio y de su familia.
La Procuraduría ya dio un paso importante, pero sabemos que es apenas la punta del hilo de la madeja de una problemática compleja y urgente de resolver, porque si las demás autoridades no intervienen y cumplen con su cometido, y nos quedamos solo con la protección de los niños migrantes sin preocuparse y ocuparse de los nuestros, una vez más nos demostrarán que siguen siendo “candil de la calle y oscuridad de su casa”.
Y hasta el siguiente comentario…