Las granjas avícolas son una importante fuente de empleo para las familias que viven en sus alrededores y productoras de alimentos, pero también son establecimientos generadores de contaminación para el medio ambiente y directamente causantes de enfermedades para la población.
La granja San Antonio por ejemplo, que se encuentra cercana a los fraccionamientos bonanza y real del bosque, en la capital del estado, se ha convertido en una “pesadilla” para los vecinos de esas y otras colonias de su entorno…
Lo mismo sucede con Buenaventura en Villaflores y Avimarca en Ocozocoutla que, aunque tienen instalaciones más sofisticadas, sus plantas procesadoras despiden olores fétidos que resultan insoportables y alteran la salud de quienes residen en comunidades y rancherías cercanas.
Y es que cualquier establecimiento de cría intensiva de animales, y en este caso de aves, arrojan desechos tóxicos como nitrógeno, fósforo y azufre, mientras que los alimentos que utilizan despiden ácido úrico y amonio, además de que los gases se dispersan por el aire y por el agua.
Investigaciones científicas concluyen que el grado de contaminación es inaceptable y de riesgo para la salud pública y daño al medio ambiente que se traducen en problemas respiratorios, salmonela y trastornos cardíacos, entre otros padecimientos para el ser humano.
Luego entonces, lo que falta es que haya un equilibrio entre lo bueno y lo malo para que los daños que causan no sean mayores que los beneficios y para eso se necesita consciencia de los empresarios de ese ramo y voluntad de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades.
Las dependencias que tienen que ver con el funcionamiento de estos negocios a partir de su autorización como tales, son: la subsecretaría de ganadería y la dirección de sanidad de la SAGARPA, pero quedan relegadas la SEMARNAT, la PROFEPA y sobre todo la secretaría de salud y la comisión federal para la protección de riesgos sanitarios.
De ahí que a los señores granjeros parece no importarles las protestas y quejas de sus vecinos, porque no hay autoridad que regule el funcionamiento sanitario de sus negocios y mucho menos que los sancione por estar literalmente envenenando a la población.
A ver si ahora si con el cambio de delegado en la SAGARPA toman cartas en el asunto, pues misteriosamente el anterior, Carlos Pedrero Rodríguez, consintió a estas empresas renovándoles los permisos de operación cada año sin que cumplieran con las normas de operación…
Hasta el siguiente comentario.