José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, puso “el dedo en la llaga” al declarar que “el hecho de que el gobierno federal pagó sueldos a los profesores sin haberlo devengado es un acto de corrupción”.
Si les hubiesen puesto como condición levantar el plantón, estaríamos, cuando menos, “frente a una solución salomónica”, reiteró.
El jurista explicó que la ley laboral establece y exige que quien no trabaje no le corresponde cobrar salario. Además, no estamos frente a una huelga sino frente a un movimiento ilegal de resistencia contra las leyes educativas que niega los derechos de la niñez y la juventud, además de los daños colaterales que ha causado al resto de la sociedad.
Todo lo demás que se diga sale sobrando.
Basta saber que estamos viviendo una etapa de incongruencias donde se premia al que no trabaja y se le impide llevar el sustento diario al que quiere trabajar. Y si no, que se les pregunte a los comerciantes, empresarios y empleados de éstos que han sido despedidos porque los negocios están en quiebra.
Si bien es cierto que no podemos comprobar que las autoridades educativas federales están en complicidad con el magisterio disidente, por lo menos sabemos que es innegable su complacencia y que no han tenido “los tamaños” para resolver un conflicto que ni siquiera debió permitirse que iniciara.
Hasta el siguiente comentario.
