El pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, que revisará el perfil de las y los aspirantes que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
Con 75 votos a favor y 40 votos en contra, la Cámara de Senadores designó como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal a Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
El acuerdo fue remitido a la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legislativo y para que, a más tardar el 31 de octubre de 2024, pueda quedar instalado el Comité de Evaluación.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, refirió que la Constitución Política establece que cada Poder de la Unión debe integrar un Comité de Evaluación, para la selección de candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación.
Recordó que la Cámara de Senadores recibe las declinaciones de las personas juzgadoras que no buscarán participar en los comicios.
En ese sentido, dio a conocer que, hasta las 12:32 horas, el Senado ha recibido la declinación de 78 juezas y jueces, y de 181 magistrados y magistrados; así como 15 juezas y jueces que, si bien declinan a participar en la responsabilidad que hoy tienen, aspirarán a un cargo diferente al que ostentan; además, de 16 magistradas y magistrados que están en la misma condición.
Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, dijo que al Senado de la República le corresponde acatar la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, el cual tiene a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional y ética de quienes aspiran a ser personas juzgadoras. Por eso, a la Constitución Política se “le asume como ley fundamental o se pretextan argumentos pueriles”.
Al hablar en contra, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, aclaró que su grupo parlamentario no coincide del todo con la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara; aunque sí comparten que la Corte es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma, y que el Legislativo no es el Constituyente de 1917, sino el Poder revisor que debe respetar principios fundacionales y derechos humanos.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, manifestó que la reforma se hizo para “apoderarse” del Poder Judicial, no para mejorar la justicia, por lo que declaró que su grupo parlamentario está en contra de este Comité de Evaluación, porque “todo el proceso es anticonstitucional, representa un retroceso, es antidemocrático y una mentira”.
Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, señaló que “son falacias” los argumentos que dicen que a la elección de jueces, magistrados y ministros la va a controlar un partido, cuando es el pueblo quien en realidad los elegirá. “Hoy se está ante la lealtad de la Constitución o ante la deslealtad a la misma”.
Alejandro González Yáñez, del PT, aseveró que la Constitución vigente es inatacable, y por ende la elección de jueces, magistrados y ministros es viable, lo que significa que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es producto de la “corrupción”, por lo que llamó a los ciudadanos a elegir a las personas juzgadores como lo señala la norma y como lo pide el mandato popular.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, señaló que su partido no acompañará el acuerdo de integración del Comité de Evaluación para elegir a las personas juzgadoras, “porque no pueden legitimar esta simulación antidemocrática, mucho menos cuando se presentan perfiles con ligas probadas hacia el oficialismo y porque la selección se realizó a espaldas de los demás grupos parlamentarios”.