Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Policía Municipal, detuvieron en flaglancia a una persona del sexo masculino relacionado con el delito de extorsión, en agravio de un comerciante.
La denuncia de la víctima registrada al numero de emergencia 911, permitió alertar a los cuerpos de seguridad, sobre el presunto cobro de dinero por parte de un sujeto con especificas caracterísiticas, quien semanas antes le habría hecho llamadas telefónicas al teléfono celular del ciudadano, exigiendole dinero en efectivo y realizándole diversas amenazas.
Ante tales hechos y con la finalidad de corroborar lo señalado, se trasladaron al Parque Bicentenario de la ciudad de Tapachula, lugar en donde presuntamente se realizaría la entrega del dinero, producto de la extorsión teléfonica.
Al acudir al sitio, fue sorprendida la persona de nombre Huziel “N” de 29 años de edad, cuando recibia de manos del comerciante, la cantidad de 15 mil pesos en efectivo.
Por tanto y a petición de la víctima, se realizó el control preventivo de detención, siendo ingresados sus datos al Sistema Plataforma México, arrojando positivo en orden de aprehensión por los delitos de lesiones, robo con violencia y privación ilegal dela libertad, derivado del oficio 1311/0133/2016, de fecha 26 de noviembre del 2016, radicado en la carpeta de investigación de numero 0332-035-0504-2016.
Cabe hacer mención, que de acuerdo a sus características físicas, descritas en por lo menos 5 denuncias, se encuentra relacionado con extorsiones telefónicas a empresarios de la región, haciéndose pasar por integrante del grupo delictivo.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que la persona, que tiene el carácter de probable responsable, se encuentre bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.