La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 22 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 16 en contra de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la desaparición de siete órganos autónomos y reguladores contemplados en el Dictamen de Simplificación Orgánica, bajo el argumento de que éstos se caracterizaron por desmantelar las funciones del Estado mexicano durante los gobiernos neoliberales, al subordinarse a intereses privados y a A una semana de que concluya la actual Legislatura.
El bloque oficialista planteó que más de 32 mil millones de pesos se canalizaron en dichos organismos, lo que representó un despilfarro de recursos públicos.
Representantes del PAN, PRI y MC sumaron 17 votos en contra advirtiendo que esta medida favorable a los monopolios afectaría las inversiones, el aprovechamiento del nearshoring y el cumplimiento de tratados internacionales.
De esta manera se avanzó en la extinción de:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Al mediodía de ayer inició la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a fin de aprobar el dictamen para modificar diversos artículos de la Constitución en materia de Simplificación Administrativa.
Aun cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, solicitó a los diputados postergar esta discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, informó que el proceso legislativo continúa y que se espera que esta noche el dictamen en cuestión sea aprobado.
El legislador de Morena explicó que una vez aprobado este dictamen se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y corresponderá a la Legislatura que comienza funciones en el mes de septiembre, llevarlo al pleno para su aprobación.
