Padres de familia en situación de movilidad y defensores de los derechos humanos denunciaron públicamente una serie de irregularidades, trabas burocráticas y presuntos actos de discriminación en contra de la comunidad estudiantil migrante. El conflicto radica en la retención de boletas de calificaciones de alumnos que concluyeron el tercer año de secundaria, bajo el argumento de no contar aún con el documento de revalidación oficial de estudios.
De acuerdo con los afectados, esta medida pone en riesgo la continuidad educativa de al menos 17 estudiantes, quienes no han podido inscribirse al nivel bachillerato o a escuelas técnicas debido a la falta de su documentación.
Una madre de familia de origen cubano, quien prefirió mantener el anonimato, aclaró que la comunidad migrante ha cumplido con los canales legales a través de organizaciones como Save the Children y Frontera Sur para tramitar la validación de los estudios previos de sus hijos.
Muchos ya pagamos en Hacienda los 101 pesos del costo de validación, pero otros siguen esperando a que la Secretaría de Educación concluya el proceso. “No es justo que castiguen a los estudiantes haciéndolos repetir un tercer año que ya cursaron y aprobaron sin necesidad” señaló la madre afectada.
Los padres de familia señalaron que existe una campaña de estigmatización que culpa a la comunidad migrante de la saturación de la matrícula escolar. Aseguran que, de manera sutil, se ha intentado confrontar a los padres locales con los extranjeros durante las juntas escolares.
Las familias afectadas hacen un llamado urgente a las autoridades educativas estatales y federales para que intervengan, emitan las constancias correspondientes de manera provisional y garanticen el derecho constitucional a la educación de los menores, sin importar su estatus migratorio.
Notinúcleo / Pamela Hernández
