El máximo tribunal de Naciones Unidas subrayó el miércoles “la amenaza urgente y existencial que plantea el cambio climático” al comenzar a leer una opinión sobre las obligaciones legales de los Estados para tomar medidas. Es probable que la opinión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, determine el curso de la futura acción climática en todo el mundo.
“Las emisiones de gases de efecto invernadero son inequívocamente causadas por actividades humanas que no tienen límites territoriales”, declaró el juez Yuji Iwaawa. “Con respecto a la obligación de prevenir daños significativos al medio ambiente, el Tribunal considera que también se aplica al sistema climático, que forma parte integrante y es un componente esencial del medio ambiente y que debe protegerse para las generaciones actuales y futuras”, afirmó el magistrado, Yuji Iwasawa, al resumir la opinión de la Corte de La Haya.
Antes del fallo, los defensores de la acción climática se congregaron frente a la CIJ, coreando: “¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya!”.
Aunque no es vinculante, la deliberación de los 15 jueces de la CIJ en La Haya tendrá peso jurídico y político y los futuros casos climáticos no podrán ignorarla, dicen los expertos legales.
“Es tan importante que podría ser uno de los fallos judiciales más trascendentales de nuestro tiempo debido al alcance de los problemas que aborda, que afectan directamente a la justicia climática”, dijo Joie Chowdhury, abogada principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
Las dos preguntas que la Asamblea General de la ONU pidió a los jueces que consideraran fueron: ¿cuáles son las obligaciones de los países bajo el derecho internacional para proteger el clima de las emisiones de gases de efecto invernadero?, y ¿cuáles son las consecuencias legales para los países que dañan el sistema climático?
En dos semanas de audiencias en diciembre pasado en la CIJ, los países ricos del Norte Global dijeron a los jueces que los tratados climáticos existentes, incluido el Acuerdo de París de 2015, que en gran medida no son vinculantes, deberían ser la base para decidir sus responsabilidades.
Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares pidieron medidas más enérgicas, en algunos casos jurídicamente vinculantes, para reducir las emisiones y que los mayores emisores de gases de efecto invernadero que calientan el clima proporcionen ayuda financiera.
