Alberto Carbot
La renuncia de Guadalupe Taddei titular del Instituto Nacional Electoral (INE) ya llegó a la Cámara de Diputados. Ayer lunes lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara. La salida deja pendientes explicaciones sobre contratos millonarios y el manejo del dinero público.
Taddei se despide invocando supuestamente serenidad, dignidad y sentido de Estado, pero ese lenguaje resulta difícil de conciliar con las dudas sobre sus proveedores favoritos. Su trayectoria tendrá que evaluarse con documentos, por encima de la satisfacción personal que expresa en su despedida.
El pasado jueves 22, Taddei había considerado los cuestionamientos a su presidencia como ataques al propio instituto. Días después anunció que se apartaría para protegerlo. Esa contradicción merece explicarse. La autoridad electoral tiene una historia, trabajadores y obligaciones que trascienden a su titular, de ahí que de manera perversa confunde la defensa personal con la defensa del INE.
El viernes 23, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio ante indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, y esta revisión alcanza al instituto, a organismos electorales locales y a particulares relacionados. La revisión debe reconstruir la ruta de cada contratación, identificar a quienes participaron y comparar lo autorizado con lo entregado, pues sólo así podrá establecerse si hubo competencia real entre proveedores, precios justificados y controles capaces de detectar un trato de favoritismo, como todo hace suponer.
El noticiero Latinus publicó que Cajas Graf obtuvo un contrato para materiales de la elección judicial de dos mil veinticinco, por un monto máximo de 198 millones setecientos mil pesos. Falta establecer cuánto se pagó, qué se entregó y cómo ella justificó la contratación.
Los videos difundidos por ese medio muestran la cercanía de José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, con Taddei y su familia. También aparecen imágenes del empresario con un hijo de la funcionaria en un lujosísimo hotel de París, que cobra más de 200 mil pesos diarios la habitación. Esos gastos requieren explicaciones.
Hay que decir que la vida sentimental de cualquier funcionario, ya sea hombre o mujer, pertenece a su intimidad y merece respeto. Pero también hay que aclarar que el escrutinio público empieza cuando este vínculo afectivo influye en la otorgación de contratos o en el manejo del presupuesto, como es su caso. Ese cruce exige documentos y una investigación exhaustiva.
La investigación tiene que revisar cualquier beneficio recibido por las personas implicadas, ya que el rastro de los recursos permitirá distinguir una relación privada, de aquella que supone un posible aprovechamiento del cargo.
A los pillos o aspirantes a pillos metidos en el gobierno, hay que decirles que utilizar el cargo para favorecer a sus parejas con dinero público constituye un abuso y una falta ética grave. Y en el caso del INE si la investigación acredita favoritismo o desvíos, deberán responder ante la justicia los funcionarios y los particulares responsables.
Taddei ha respondido que las contrataciones corresponden a áreas técnicas y comités especializados, como si el manejo de la institución le hubiera sido ajena. Encabezar una institución obliga a explicar cómo funcionaron sus controles y qué medidas se adoptaron frente a los vínculos cuestionados.
Hay un antecedente político que merece recordarse. El 31 de marzo de dos mil veintitrés, López Obrador dijo de Taddei que no la conocía pero enseguida la presentó como una mujer íntegra, apoyándose en el conocimiento de su familia. Es decir, desde Palacio le extendió un aval de honestidad.
El entonces presidente asumió el papel de gran certificador de la honestidad ajena y ese paternalismo invita a aceptar el elogio del gobernante como garantía de conducta. No entienden que los funcionarios requieren vigilancia durante todo su encargo, cualquiera que sea su cercanía con el poder. La honradez de un servidor público se acredita durante su gestión, al justificar el uso de los recursos y aceptar que sus decisiones sean examinadas. Ciertamente, el aplauso de Palacio puede darle respaldo político, pero carece de valor para comprobar una sola factura.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la separación del cargo y pidió investigar las sospechas. Pero ese pronunciamiento tendrá que acompañarse de condiciones para una fiscalización independiente, con resultados públicos y responsabilidades acreditadas ante las autoridades competentes.
La fiscalización también debe resistir presiones del gobierno y de los propios partidos, ya que un expediente usado para negociar relevos o cobrar lealtades, convertiría el posible esclarecimiento en otra forma de abuso. Sus conclusiones deben sostenerse por la evidencia presentada o encontrada y estar al alcance de los ciudadanos.
El relevo también demanda vigilancia. El diputado Ricardo Monreal calculó entre cuatro y cinco semanas para elegir a la nueva presidencia y los partidos deberán explicar las credenciales y la independencia de quien propongan. La preparación de las elecciones de dos mil veintisiete exige una conducción capaz de rendir cuentas; la selección debe ser pública y permitir el escrutinio ciudadano.
Hay que decirles que el INE pertenece a los ciudadanos que acuden a votar y a quienes hacen posible la elección en cada comunidad, y que sus trabajadores merecen una conducción capaz de rendir cuentas.
La propia Taddei reconoció por escrito que su salida mantiene el deber de esclarecer los hechos y ese compromiso deberá cumplirse mediante la entrega de expedientes y la colaboración con las autoridades. Su renuncia deja intacta esa obligación, ya que los ciudadanos tenemos derecho a saber quién autorizó los pagos y quién recibió el dinero. Cuando se le designó al frente instituto se le exigió también cuidar los recursos generados con dinero de los impuestos, y si ella traicionó esa encomienda y ella o sus proveedores consentidos se apropiaron de los recursos del INE, deben responder ante la justicia.
La verdad, la sociedad no tiene por qué acostumbrarse a estos excesos y actos delincuenciales. Una investigación exhaustiva debe llevar a las sanciones que correspondan, tanto para funcionarios como para proveedores. No olvidemos que está de por medio no sólo el dinero de todos los mexicanos sino la credibilidad de la institución que organiza nuestro voto y teóricamente debería ser la garante de nuestro sistema democrático.
