En días pasados, se llevó a cabo el tercer multi operativo conjunto de inspección y vigilancia entre la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (Conanp) y la Profepa en 26 estados del país, esto con el fin de detener actos ilícitos ambientales en áreas naturales protegidas, detalló Pável Palacios Chávez, Director Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp.
“Para el caso de Chiapas, se llevaron a cabo dos acciones, una en el área de protección de recursos naturales de La Frailescana, en seguimiento a una solicitud de un peritaje en un predio conocido como Las Carolinas, donde se constató la afectación de 16 mil metros cuadrados de vegetación secundaria, sobre todo de bosque, mesófilo de montañas y también se llevó a cabo en el área de protección de flora y fauna La Kisst y Ma. Eugenia, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde se inspeccionó la afectación de alrededor de 4.7 hectáreas de vegetación natural y en ambos casos se realizó la clausura de estas obras”
Y es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) pueden aplicar multas económicas desde los 30 hasta los 50 mil días de UMA (Unidad de Medida y Actualización), pudiendo superar los millones de pesos dependiendo de la gravedad, daño al ecosistema y la reincidencia, además de la clausura temporal, definitiva, parcial o total de las obras, instalaciones o sitios infractores, e instruir la demolición de las obras ilegales a costa del infractor, así como el decomiso de maquinaria pesada, herramientas y vehículos utilizados, obligando a los sujetos a tomar medidas de compensación ambiental y restauración del sitio afectado, por lo que se mantiene la vigilancia permanente.
“Estos operativos se han venido realizando de manera permanente, prácticamente cada mes, en una coordinación estrecha que tiene la Comisión nacional de áreas naturales protegidas con la Procuraduría Federal de protección al ambiente a la que se suman las instancias de seguridad pública federal, así como en el acompañamiento de las instancias estatales y municipales de seguridad pública”
Asimismo, la Semarnat detalla que realizar obras o actividades sin autorización que dañen los ecosistemas en un Área Natural Protegida constituye un delito ambiental por el que se pueden alcanzar penas de 1 a 9 años de prisión, las cuales pueden llegar a 12 años si la afectación se realiza con fines comerciales, además, los servidores públicos que solapen, toleren o autoricen ilegalmente estos proyectos pueden perder su empleo y enfrentar penas económicas y corporales.
Notinúcleo / Alejandra Orozco Ardines
