A diferencia de los grandes centros de negocios internacionales, en territorio chiapaneco la traducción no se limita a documentos corporativos o literatura; es, literalmente, un puente de supervivencia y un derecho humano básico para miles de hablantes de lenguas originarias como el tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, zoque y kanjobal.
Uriel Estrada, docente chiapaneco y desarrollador de programas de traducción de lenguas madres a español, aseguró que durante muchos años uno de los escenarios más críticos donde la escasez de intérpretes profesionales se convierte en una violación sistemática de derechos humanos es el sistema de procuración de justicia.
En los juzgados y centros de readaptación social de Chiapas, decenas de hombres y mujeres indígenas han enfrentado procesos penales en desventaja absoluta por no contar con un intérprete certificado que les explique, en su lengua materna, de qué se les acusa o cuáles son sus derechos constitucionales.
Señaló que, con frecuencia, se recurre improvisadamente a familiares o personas bilingües sin formación técnica en el ámbito jurídico, lo que vulnera el debido proceso y perpetúa la marginación de las comunidades indígenas frente al sistema legal estatal y federal.
El ámbito de la salud pública es otro de los frentes donde la traducción e interpretación salvan vidas, durante emergencias sanitarias o consultas médicas cotidianas en clínicas rurales de Los Altos o la Selva Lacandona, la barrera del idioma impide diagnósticos precisos.
Notinúcleo / Juan Jesús Toledo
